Navarra ha vuelto a situarse como punto de encuentro del debate jurídico en torno a la economía social con la celebración de la III Jornada de Derecho Cooperativo, organizada por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en colaboración con la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL). La cita, celebrada en el Centro de Emprendimiento Cooperativo (Coalea), se enmarca en el camino hacia el congreso jurídico que tendrá lugar el próximo mes de octubre, los días 22 y 23, consolidando un espacio de reflexión compartida entre expertos, instituciones y sector.

El encuentro reunió a especialistas de referencia en el ámbito del derecho cooperativo para abordar los desafíos que afronta el modelo en un contexto de transformación económica, marcado por la digitalización, la sostenibilidad y los cambios en la organización empresarial. A lo largo de la jornada, se puso de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en un marco normativo más adaptado a la realidad de las cooperativas.

El debate sobre cómo debe evolucionar el derecho para acompañar a la economía social centró la sesión, evidenciando una idea compartida: el modelo cooperativo avanza más rápido que su regulación. Así, por ejemplo, el catedrático Felipe Palau subrayó que, pese a sus singularidades, las cooperativas están plenamente sujetas al derecho de la competencia, lo que obliga a interpretar estas normas de forma “matizada” para no desvirtuar sus principios. A su juicio, el reto está en encontrar un equilibrio entre la libre competencia y los valores propios del cooperativismo, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad o la organización interna de los socios.

En el ámbito fiscal, Ignacio Amatriain planteó una reflexión de fondo: el régimen especial de las cooperativas está justificado, pero resulta excesivamente complejo y, en ocasiones, poco coherente con la realidad empresarial. “Si ponemos en la balanza ventajas e inconvenientes, la carga que supone su aplicación es muy elevada”, vino a señalar, abriendo el debate sobre la necesidad de simplificar el sistema.

Por su parte, Alberto Emparanza centró su intervención en los desafíos internos de las cooperativas, desde la profesionalización de los órganos de gobierno hasta la gestión del talento o los límites del derecho de información. En este sentido, apuntó a la necesidad de reforzar la capacidad de adaptación del modelo sin perder su esencia, apostando por una mayor autonomía estatutaria y una gestión más profesionalizada.

Una llamada a conectar derecho, sector y política

Previamente, en la apertura institucional, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, destacó el papel estratégico de la economía social en la Comunidad Foral, subrayando su capacidad para generar empleo estable, cohesión territorial y modelos empresariales más sostenibles.

Además, incidió en la necesidad de que el marco jurídico evolucione al ritmo de los cambios económicos y sociales: “La digitalización, las nuevas formas de gobernanza o los cambios en la financiación exigen una respuesta normativa capaz de anticiparse”. En este contexto, valoró la jornada como un espacio clave para conectar conocimiento, sector productivo e instituciones.

En una línea más crítica, el presidente de ANEL, Ignacio Ugalde, puso el foco en la distancia existente entre el desarrollo normativo y la realidad del cooperativismo. Desde su experiencia en el ámbito estatal, lamentó que muchas de las propuestas trasladadas por el sector en procesos de reforma legislativa no hayan sido incorporadas.

Ugalde defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre el ámbito académico, las organizaciones representativas y el poder político, e incluso el judicial, para avanzar hacia un marco más ajustado. “Tenemos un futuro extraordinario para avanzar”, afirmó, recordando que gran parte del trabajo pendiente pasa por mejorar la comprensión del modelo cooperativo en todos los niveles.

El derecho como herramienta de transformación

El profesor José Luis Monzón, director ejecutivo del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa de España, aportó una visión más estructural al debate. A su juicio, el derecho no solo ordena las relaciones económicas, sino que también tiene una función transformadora clave en el desarrollo de modelos empresariales más equilibrados.

En este sentido, defendió el papel de las cooperativas como un actor central dentro del sistema económico: “La economía social no es un elemento marginal, sino una parte estructural de nuestras economías”, vino a señalar, subrayando su contribución a un crecimiento más inclusivo.

Además, insistió en que el avance del cooperativismo requiere marcos normativos que acompañen su evolución real: “No se trata solo de reconocer su singularidad, sino de dotarla de instrumentos jurídicos adecuados para competir en igualdad de condiciones”, apuntó.

Una conclusión compartida

La clausura de la jornada permitió recoger las principales ideas del encuentro desde el ámbito académico. Sandra Cavero, directora la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la UPNA, puso en valor el papel de estos espacios como punto de conexión entre conocimiento y realidad empresarial, destacando la importancia de “seguir generando reflexión aplicada que contribuya a mejorar el desarrollo del modelo cooperativo”.

Por su parte, Rafa Lara, director de las citadas Jornadas, cerró el encuentro incidiendo en la necesidad de mantener este diálogo abierto entre todos los agentes implicados. En su intervención, apeló a continuar avanzando en la construcción de un derecho cooperativo más útil y conectado con el día a día de las empresas: “El reto no es solo analizar la realidad, sino contribuir activamente a transformarla desde el conocimiento”, señaló.

La jornada concluyó así con una idea compartida por todos los participantes: la economía social necesita un marco jurídico a la altura de su desarrollo. La pregunta que sobrevoló el encuentro resume bien el desafío: si las reglas actuales están preparadas para acompañar este modelo empresarial. Todo apunta a que el camino de mejora sigue abierto.